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¿La España de las autonomías? Con estos políticos, no

Alberto Cañas (@AlbertoCdP).- Opinión 03/08/2012

No, este artículo no trata sobre la profusión de banderas españolas durante la celebración de la Euro 2012 en Polonia y Ucrania, que “antipatrióticamente” han desaparecido durante los Juegos Olímpicos de Londres. Eso es harina de otro costal.

En realidad, estas líneas buscan aportar una reflexión sobre los excesos del Estado autonómico, que existen, y son de bastante envergadura. El Estado autonómico tenía en su origen la voluntad de favorecer la cohesión territorial de España, dadas las diferentes sensibilidades político-nacionales presentes en nuestro país, para contrarrestar décadas de centralismo dictatorial.

Sin embargo, la voracidad de poder de los políticos de este país llevó, en primer lugar a la creación de autonomías artificiales, como La Rioja o Cantabria, que carecían de una entidad histórica independiente que las respaldase. Así se multiplicó innecesariamente el número de poderes públicos. La provincia de Logroño apenas supera los 300.000 habitantes, aproximadamente lo mismo que la suma de un par de distritos de Madrid, y cuenta con su propio Tribunal Superior de Justicia, Consejería de Sanidad, de Educación… y así con todas las áreas de un gobierno. Para 320.000 personas. Irracionalidad sin límite. Al mismo tiempo, surgieron otras, como Castilla y León, cuyo territorio, habitado por una población envejecida y dispersa, es más grande que el de todo Portugal. ¿No tendría más sentido dividirlo entre León, Zamora y Salamanca por un lado, y las demás, junto a Logroño y Santander, por otro? Así, donde ahora hay tres Comunidades Autónomas, habría dos, y con menor cantidad de cargos públicos, y a la vez mayores y mejores capacidades para desempeñar sus funciones de forma eficaz y eficiente.

Además, el continuo reparto y re-reparto de competencias y fondos públicos sin control de ninguna clase (su establecimiento es responsabilidad de los propios políticos y, seamos claros, nadie desea establecer controles sobre sí mismo) ha producido un sistema absurdo en el que por ejemplo, hay diputaciones provinciales que gastan más dinero público en sus propios salarios que en proyectos sobre el terreno en el que están establecidas.

¿Por qué esta descentralización sin control? En primer lugar, por la relación de dependencia que los dos grandes (solo por tamaño) partidos que dominan el Congreso de los Diputados, mantienen con las fuerzas nacionalistas si no cuentan con la mayoría absoluta de los escaños, dada la injusta ley electoral vigente que ellos mismos se niegan a reformar. Al mismo tiempo, las secciones regionales de PP y PSOE también están a favor de descentralizar el máximo número posible de competencias, puesto que la jurisdicción sobre esas áreas implica dinero, y el dinero, poder. Para qué preocuparse de solucionar los problemas eficientemente si lo que interesa es acumular poder y capacidad de repartir cargos a hijos/maridos de Presidentas de Comunidad Autónoma o a altos cargos de bancos y agencias de calificación.

Si el vecino tiene competencias en Sanidad, yo también. ¿Qué se le cede la Justicia? Lo mismo quiero para mí. De ese modo, se produce una espiral que nunca termina llegando a las cotas absurdas (y sobre todo, caras) que hemos alcanzado en los últimos años y que también alcanza a las infraestructuras, como ya se explicó en el artículo titulado “El Síndrome Guggenheim”.

Ningún sistema de vertebración territorial es perfecto, por supuesto. La descentralización de funciones ha sido y es eficaz en gran cantidad de países: Alemania, Estados Unidos, Canadá… Pero en este país todo empeora por la calaña que representa su clase política, siempre con ansias de situar en determinados puestos a conocidos y personas a las que se deben favores. Aquí entra la figura de los asesores, aquellos denominados “puestos de libre designación”, personas elegidas a dedo, sin control ni límite alguno, para ayudar en la toma de decisiones a los burócratas de partido en que se han convertido los políticos españoles. Aunque, vistas las decisiones que toman últimamente, su papel sólo puede ser calificado como lamentable. Un par de cifras: París ha limitado recientemente su número de asesores a un total de 40. Mientras, Madrid cuenta con 254 (y sus respectivos y nada desdeñables sueldos, claro está).

Así pues, un sistema descentralizado de reparto de poderes no tiene por qué ser malo. Son su diseño y la actitud de quienes lo componen los que lo convierten en algo perjudicial, dañino y tremendamente caro. Con cientos de banderas a las que rendir pleitesía. Y gasto.

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¿Habría que suprimir el Estado de las autonomías en España?

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Publicado por en agosto 3 2012. Archivado bajo En mi opinión..., General, Opinión, Política. Puedes seguir las entradas a través de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o referencia a esta entrada

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