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¿Debe tener el Gobierno la facultad de indultar libremente?

Adrián Bujalance

Es incuestionable que gran parte de la jerga jurídica puede llegar a ser difícilmente comprensible para todo aquel que sea lego en la materia. En este sentido, parece obvio que las continuas referencias al latín y los abundantes tecnicismos no han favorecido el acercamiento de los ciudadanos hacia las leyes, sino todo lo contrario.

Ahora bien, si este es un rasgo, en general, predominante en todo ordenamiento jurídico, no cabe duda, que ciertos términos nos remiten, de manera inconsciente, a ideas preconcebidas que desgraciadamente se encuentran muy alejadas de la realidad.

Este es el caso del término indulto. Un término que cabría definir laxamente como aquel perdón concedido a un reo condenado por un tribunal de justicia.

Partiendo de esta definición, la razón nos hace pensar que un perdón como el mencionado, que pasa por encima de la resolución de un órgano jurisdiccional, solo puede aplicarse de una manera excepcional y bajo la concurrencia de unos requisitos muy estrictos.

Desafortunadamente, la práctica de esta medida dista mucho de ser la rara avis que debiera ser.

Vivimos en un país en que la media de indultos llega a sobrepasar los 500 anuales y en el que la casta política se muestra uniforme en este asunto, encontrándonos cifras similares tanto en gobiernos socialistas como populares.

Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso no son tanto las cifras, sino el carácter discrecional de los indultos.

Esta práctica, sustentada por una ley decimonónica, a diferencia de toda resolución judicial no requiere de fundamentación alguna por parte del poder ejecutivo que la otorga. Tal situación, se ve agravada si tenemos en cuenta que al ser una decisión gubernamental, la misma no es recurrible, es decir, no cabe alegación ni protesta alguna.

Este hecho, combinado con la posibilidad de que la gracia en cuestión pueda aplicarse a toda clase de delitos, está terminando por provocar situaciones de lo más inverosímil. Así, cuesta entender como un delito de sangre, como el conductor kamikaze que saltó a la palestra hace escasas semanas, pueda ser objeto de indulto, mientras que un ex-toxicómano completamente rehabilitado (caso Reboredo) no pueda gozar del mismo trato.

El problema lo encontramos en que la tabla de medir no se encuentra establecida en ningún lado, provocando que si bien ciertas injusticias manifiestas se vean corregidas por este procedimiento (caso de Emilia Soria, joven que utilizó una tarjeta de crédito ajena para comprar pañales a su bebé) muchos otros supuestos se vean desamparados.

Más allá de un debate sobre la posible injerencia del poder ejecutivo sobre el judicial, parece extremadamente necesaria una reforma de esta institución.

Una reforma que pase a fiscalizar los indultos para controlar su discrecionalidad y que tipifique de manera objetiva los motivos que permiten condonar las penas.

Y es que un procedimiento pensado para corregir los excesos de la aplicación taxativa de la ley, no puede terminar por dejar en el limbo jurídico asuntos de enorme transcendencia, a la espera, de que el gobierno de turno se decida a abordarlos en función, en muchas ocasiones, de sus propios intereses.

URL simplificada: http://www.puntoencuentrocomplutense.es/?p=40191

Publicado por en marzo 3 2013. Archivado bajo General, Opinión, Política. Puedes seguir las entradas a través de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o referencia a esta entrada

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