Alberto Cañas de Pablos (@AlbertoCdP)

En las últimas décadas todos hemos oído hablar de guerras repartidas por todo el globo: Irak, República Democrática del Congo, Siria, Afganistán, Libia, o incluso Yugoslavia si vamos un poco más atrás en el tiempo… Sin embargo, en ellas no encontramos los tradicionales frentes, ofensivas y ocupaciones propias de las guerras del siglo XIX (protagonizadas por la Francia de Napoleón o la Prusia-Alemania de Bismarck, en según qué momento) o de la primera parte del XX (las dos Guerras Mundiales o la Guerra Civil Española). ¿Por qué? ¿Qué caracteriza a las nuevas guerras de nuestros días?

A estos interrogantes trata de responder Mary Kaldor en este libro, que ofrece una visión de los conflictos más contemporáneos. Se trata de guerras contextualizadas en la globalización en las que la violencia se ha privatizado y el Estado pierde su monopolio de la violencia legítima, frente a las viejas guerras estatales de las que hablaba Clausewitz hace dos siglos. Su difícil resolución se debe a una estrechez de miras de los dirigentes de los países desarrollados, que se basan en una visión tradicional. A esta visión clásica opone otra de carácter cosmopolita según la cual habría que prestar más atención a las características concretas de las poblaciones afectadas, y oponer políticas de ideas a las excluyentes políticas de identidades.

Como ejemplo, Kaldor toma la guerra de Yugoslavia y expone la multitud de faltas producidas por la perspectiva errónea de los gobernantes europeos y norteamericanos. Las nuevas guerras suponen un giro radical si se comparan con las guerras de los últimos siglos. Cualquier rasgo varía enormemente. Muchas de las cuestiones de la visión propuesta por Kaldor son comprobables. Ya no hay grandes batallas como en las dos Guerras Mundiales, sino guerras mucho más breves y centradas en la población civil. Las fuerzas que intervienen no son exclusivamente profesionales (niños-soldado). Incluso las etapas posteriores al conflicto cambian.
Las nuevas guerras no pueden concebirse territorialmente. Por ello, la pacificación es de gran dificultad. Kaldor afirma que en todas las épocas existe una relación compleja entre los procesos de la gobernanza (cómo se gestionan los asuntos humanos), la legitimidad (sobre la que reposa el poder de gobernar) y las formas de seguridad (cómo se controla la violencia organizada). Sin legitimidad no pueden aplicarse todos estos elementos. La autora se plantea cómo puede marginarse a las formas privatizadas de violencia dejando clara la existencia de dos tipos de ciencia política: la ciencia política tradicional (que aplica fórmulas inservibles) y la ciencia política crítica (que apuesta por la participación de la población).

La visión cosmopolita presta atención a los rasgos concretos de las colectividades perjudicadas por las guerras. Los expertos locales conocen mejor el “terreno” en todos los sentidos en el que debe moverse la intervención internacional.

A pesar de llevar ya unos años publicado, sus postulados pueden aplicarse, por ejemplo, a conflictos actuales como el de Siria. Así pues, se trata de una obra muy útil, tanto por los datos y ejemplos históricos que aporta como por la claridad de sus planteamientos, fácilmente aplicables a las guerras y conflictos que se viven en la actualidad. Kaldor trata tanto aspectos económicos como políticos de esos nuevos conflictos, con lo que la visión es más global. Asimismo, deja claro cuáles son los fundamentos básicos de la teoría cosmopolita, centrada en el respeto al derecho humanitario y los derechos humanos. Por otro lado, resulta de gran interés el conjunto de teorías de autores como Huntington, Falk o Kaplan, que sirven para conocer otros enfoques y visiones sobre la organización mundial y sobre los posibles modos de gobernanza aplicables al mundo actual en el que vivimos.

KALDOR, Mary. New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era. Stanford University Press. Stanford. 2012. [La versión castellana más actual es: KALDOR, Mary. Las nuevas guerras. Violencia Organizada en una Era Global. Tusquets. Barcelona. 2001.]

Jorge Andrés Concha Calle (@jgeandres)

Si algo faltaba para aniquilar la poca credibilidad y confianza que tiene el régimen Kirchnerista en la población argentina, es el haber sido denunciados, en esta ocasión, por retirar sistemáticamente dinero en bolsas, sumado a la aseveración de la existencia de una bóveda en su residencia de Santa Cruz, lugar donde se habría resguardado el dinero obtenido ilícitamente.

Definitivamente, y no es un secreto mal guardado, la gestión de gobierno de Cristina Fernández no atraviesa sus mejores momentos. Sumada a la alta y creciente tasa de inflación, el desbalance económico, la inseguridad social, la inestabilidad y descontento popular, se añaden nuevas denuncias de corrupción que involucrarían directa y específicamente a la mandataria y al ex mandatario, su esposo ya fallecido Néstor Kirchner.

El descontento se respira en Buenos Aires y demás ciudades del país. Un último sondeo realizado por la consultora Management & Fit realizado el 26 de abril pasado -días después de la divulgación de gruesas denuncias de corrupción por parte del periodista Jorge Lanata- expresa que el 59,6% del total de encuestados desaprueba y rechaza la administración de Cristina Fernández, cifras además muy contrarias a las obtenidas en octubre de 2011, fecha en la cual fue reelegida, contando con 64% de aprobación.

Y es que las acusaciones del reconocido periodista, crítico acérrimo de la gestión de Fernández de Kirchner, contribuyeron al incremento de rechazo hacia el gobierno. Lanata presentó en su muy sintonizado programa “Periodismo para todos” a Miriam Quiroga, quien se había desempeñado como directora de Comunicación presidencial entre los años 2003 y 2010 y sobre la cual corrían rumores de haber mantenido un supuesto “affaire” con el ex presidente Kirchner. Quiroga fue separada de sus funciones meses después del deceso del ex presidente; así, la mandataria decidió prescindir de ella y sus servicios en la Casa Rosada.

Según manifestó Quiroga, ella fue testigo de cómo bolsas con dinero desfilaban delante de ella por los pasillos de la Casa de Gobierno, las mismas que después eran transportadas a Santa Cruz, provincia donde se ubicaba la residencia del matrimonio Kirchner y donde Quiroga presume existían bóvedas construidas específicamente para resguardar ese dinero. “Cristina tenía conocimiento de todo” arguyó la ex encargada de Comunicación Presidencial.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete entre los años 2003 y 2008, Alberto Fernández, mencionó no haber visto durante su estancia en la Casa Rosada tales bolsas de dinero; no obstante, no deslindó la posibilidad de que esto haya ocurrido en alguna de las otras salas de la sede presidencial.

Una investigación del diario El Clarín, detalló que la planta baja de la casa de la familia Kirchner en Santa Cruz cuenta con escasos ambientes, uno de los cuales con dos metros de ancho por un metro de profundidad y dos metros con cincuenta de altura sería el depósito del dinero ilícitamente obtenido y valiosos documentos de la administración Kirchner. Esta información ha sido confirmada, a su vez, por el programa periodístico de Lanata.

Afirmando estas declaraciones, el arquitecto de la casa de Santa Cruz de la pareja presidencial, Antonio Cañas, corroboró la existencia de ese ambiente, el cual habría sido construido, previa modificación del plano original, a solicitud del difunto presidente Kirchner para preservar documentos y objetos importantes.

Estas informaciones coinciden con lo pronunciado por el ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, quien aseveró haber conocido dicho ambiente. “Cada bóveda debe ser como una media habitación grande” enfatizó.

Adrián Bujalance

Hace un mes que entre dudas y recelos se aprobó la autoproclamada ley antidesahucios con la que a regañadientes se pretendía enfriar el clamor de una sociedad indignada ante el drama de los desahucios. Ahora, un mes después y a la vista de los acontecimientos, desgraciadamente podemos afirmar que todos aquellos augurios que pronosticaban la insuficiencia de la normativa aprobada, se han visto refrendados por la realidad del día a día.

Así, se debería comenzar criticando con firmeza, el escaso rigor periodístico que muchos de nuestros de comunicación propugnaron ante la  Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Y es que, a la vista de la información emitida por muchos de ellos podría parecer que el Gobierno tendría que dar su brazo a torcer debido al “potente mandato” emitido desde Europa. Nada más lejos de la realidad. La panacea jurídica que se nos prometió deja mucho que desear, y el problema es que ni la sentencia tuvo nunca las pretensiones que se le atribuyeron, ni mucho menos el legislativo encargado de trasponer sus mandatos.

Es cierto que el texto legal ofrece cierto alivio a los deudores especialmente vulnerables y también supone una mejora para todos aquellos que suscriban un crédito hipotecario. Entre otras novedades, se vendrán exigir tres impagos para que un banco pueda poner en marcha la ejecución (el desalojo de la vivienda), a la par que se refuerza la independencia de las tasadoras con relación a los bancos, se limitan los intereses de demora y se establece un fondo de alquiler social de 6.000 casas. Sin embargo, la oposición en bloque y los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) clamaron contra estos cambios aprobados por no incluir sus demandas y haber renunciado a modificaciones más profundas en la normativa española.

La dación en pago sigue siendo una utopía de difícil alcance con unos políticos que no están por la labor y con un lobby financiero ejerciendo una presión inusitada dada su situación económica.  Nadie parece querer dar su brazo a torcer y los de siempre -los ciudadanos- son los que sufren las consecuencias, puesto ni las ejecuciones se van acabar de la noche al día por la existencia de cláusulas abusivas (que como mucho solo retrasarán el desahucio, mediante la suspensión del proceso) ni los discutidos escraches parecen surtir el efecto deseado.

Ante este panorama, hoy más que nunca, la justicia queda en mano de nuestros jueces, que con un escaso margen de maniobra, deben hacer valer unos ideales de justicia material que sobrepasen el contenido de la legislación escrita, puesto que de otra manera la dantesca situación que vivimos tendrá escasos visos de cambio.

ALBERTO LÓPEZ MARÍN (@alopezmarin)

Sábado, 4 de mayo. Vemos en Noticias Cuatro que una empresa catalana logró un premio con el diseño de una bicicleta eléctrica de aluminio, sin cadena y con ruedas antipinchazos. Dinamarca se fijó en el modelo y encargó a sus creadores la construcción de 11.000 unidades al considerar que serán de gran utilidad como transporte urbano. La decisión daba lugar a nuevos empleos y aseguraba trabajo a distintos proveedores, pero se exigían 3 millones de euros para poner en marcha la producción. En principio, y con el contrato en mano, resultaría sencillo encontrar financiación. No fue así. No en España. Los empresarios han tenido que vender la licencia y será una firma danesa la que desarrolle el proyecto.

Tampoco tienen suerte el diseñador y la socióloga que alumbraron una pyme que comercializa muñecos que ayudan a superar miedos infantiles. Necesitan financiación para crecer. Explica Miguel Ángel Oliver que el Banco Central Europeo (BCE) bajó los tipos de interés, el precio del dinero, pero, como corroboraba la pieza informativa más tarde, pocos confían en que los bancos vuelvan a abrir el grifo del crédito. Más de 200.000 pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar en nuestro país y no precisamente por falta de ideas o talento en muy destacables casos.

Marta Reyero introduce el caso de un jubilado donostiarra que avaló con su casa la compra de un local para su hijo. El dictamen de Europa sobre los desahucios en España hizo al juez cambiar de opinión, pero la historia aún no ha terminado. Quien se jubila estos días es un vecino de Lugo. Lo hace con 70 años. Lleva toda la vida trabajando en su bar, de donde apenas ha salido. Conocemos su rutina y a sus clientes en el vídeo, que sirve para describir una realidad que se aventura impensable de aquí a unos años. “Con el paro desbordado, son pocos los que llegan trabajando a la edad de jubilación y menos los que superan la edad para cobrar pensión”, explica Reyero.

“Muchas veces hablamos de la crisis y los números, la crisis y los datos, pero en Noticias Cuatro hablamos con más frecuencia de la crisis y las personas”, continua Oliver. Lo hace para dar paso al caso de los sordociegos de las comunidades de Madrid y Comunidad Valenciana. Más concretamente, de quienes les ayudan para un llevadero tránsito por su discapacidad. Estas dos regiones han retirado las subvenciones a los centros de formación concertados de ciclo superior. El de Madrid corre peligro de desaparecer, poniendo en riesgo el futuro de 20.000 guías e intérpretes y, en consecuencia, de los ojos y los oídos de los sordociegos, que vemos ejemplificado en Lidia, ojos y oídos de Roberto, para quien algo tan sencillo como salir a la calle es todo un desafío. El trasfondo de la historia es que se favorece la marginación de quien más necesita que le tiendan una mano.

Ese mismo sábado 4 de abril, día en que Reyero, Oliver y su equipo de fin de semana ofrecieron estos temas, Pedro Passos Coelho, primer ministro de Portugal, anunciaba muy duras reformas, que contemplaban el aumento de la edad de jubilación o el despido de 30.000 funcionarios; Israel había bombardeado instalaciones sirias; Cospedal, pedido a los movimientos sociales que tengan el arrojo de hacerse opción política o Sánchez Gordillo y los jornaleros del SAT, ocupado tres fincas en Andalucía. De ello dieron cuenta, por supuesto, como hizo el resto de informativos. Sin embargo, una vez ofrecido lo, vamos a llamarlo “obligado”, luego cada uno tomó caminos distintos.

El de Noticias Cuatro fue, como acostumbra cada fin de semana, obviar la declaración interesada y manida, el chascarrillo, la imagen impactante de un punto remoto del planeta o el mandato del Trending Topic o la alfombra roja -siempre que no sea imprescindible-, para dar lugar a los frustrados empresarios catalanes que tuvieron una gran idea y que tuvieron que desprenderse de un contrato, de los emprendedores que no pueden crecer porque los ayudados bancos no ayudan, del jubilado que respira gracias a la doctrina europea sobre desahucios, del dueño del bar que lo deja y que se sabe especie en extinción, de la desazón e impotencia de quienes facilitan una muy compleja vida a discapacitados abocados a la exclusión. Qué poco inteligente quien prioriza y machaca con política y políticos cuando la imagen de las instituciones y los partidos es la más pobre de la democracia.

No es cuestión de recursos sino de intención. Las personas caben en los informativos. Vaya que si caben. Qué error de criterio el de quien dedica los minutos principales a las palabras del gobernante, como está mandado, y no continúa con las consecuencias, los efectos de las decisiones, que no gasta zapatilla para poner el micrófono en el comercio, la vivienda y las plazas. Como también está mandado, recuerdo. Caer en este desequilibrio es aún más inexcusable en fin de semana, cuando hay lugar al reposo, a la digestión de la semana. Así lo entienden Reyero, Oliver y su equipo. Mención aparte los contenidos culturales. Magníficos. Mención aparte la información internacional. Certera. Tono cercano, sosegado. Vídeos que experimentan, más extensos de lo normal en algunos casos y con textos bien mimados. Ah, y sin miedo a pronunciar las palabras malditas ‘El Corte Inglés’ donde otros dicen “firmas textiles occidentales” por la tragedia de Bangladesh y pese a tener patrocinio de estos centros comerciales. Profundidad y cariño a un espectador cada día más asustado cuando se decide a entender la televisión.

En resumen, ves España. Las dos. La de arriba y la de abajo. Estos profesionales rascan más allá de la corteza en la agenda y buscan más historias y personajes para ofrecer algo original, pero siempre real, aunque duela, porque también muy a menudo fascina.

El proceso hacia el broche de este artículo ha ido concretando una reflexión, que un medio privado también puede –de hecho, debe- alumbrar servicio público, y una pregunta: aquellos informativos en los que no salen personas como tú o como yo, que no ponen el foco en tus amigos y en tu familia o no te presuponen un mínimo de criterio y gusto a la hora de elaborar la escaleta… ¿a quién se dirigen, entonces?

Alberto Cañas de Pablos (@AlbertoCdP)

“En mi credo personal, ser liberal y de centro es anteponer cada ser humano al poder, al poder público pero también al poder privado. La libertad sólo es compañera de la propiedad mientras la propiedad no conlleve poder para limitar la libertad o las oportunidades de los no propietarios.” Blog de Esteban González Pons, 29/11/2010.

En un país en el que está mal visto decir que se es de derechas, resultado de una larga y oscura Dictadura y una Transición hecha de forma chapucera, el Partido Popular lleva años autodenominándose públicamente como “de centro liberal”. Liberal. No como los del siglo XIX, claro, sino proclamando a los cuatro vientos las bondades de un estado pequeño, raquítico, que conceda las máximas libertades posibles a los ciudadanos. Cuanto más dinero esté en el bolsillo de la población, mejor será para la economía, ha dicho Esperanza Aguirre, campeona del neoliberalismo thatcherista patrio. José María Aznar reflexionaba hace unos años sobre el alcohol al volante, afirmando que a él no le gustaba que nadie le dijese cuánto vino tenía que beber. Y es que el Estado no debe meterse donde no le llaman, o eso dicen.
Como todo en esta vida, las libertades tienen sus límites, ya sean económicas o morales. El estado debe ser mínimo, los impuestos bajos (aunque luego, sorprendentemente, se afirme que las subidas impositivas salvaron al país del rescate), porque la libertad económica es sacrosanta. Porque basta ya de personas y sectores subvencionados. Porque el estado debe buscar la eficiencia, dicen.Por eso es bastante complicado explicar, por ejemplo, el rescate a las ruinosas y desiertas radiales de peaje de Madrid, por ejemplo. La escasez de tráfico no ha llegado con la crisis; ha sido perenne desde el primer día de funcionamiento. En vez de recuperarlas para el sector público y que éste recupere parte de la inversión, se decide conceder cantidades crecientes de dinero para unas autovías que jamás serán rentables. ¿Alguien se imagina al Estado rescatando un bar, una cantera de pizarra o una fábrica de galletas que cierra? Aunque a efectos legales sería más que similar, a nadie se le pasa por la cabeza contemplar algo de ese calibre. ¿Dónde está el Estado de pequeño tamaño que huye de los sectores no rentables? ¿Por qué no se hace lo mismo con los cines de la madrileña calle Fuencarral, por ejemplo, más que próximos al cierre?

Con un gasto público actual mayor que el de 2006, cuando la economía carburaba a un ritmo frenético, y con 30 subidas de impuestos en año y medio entre IVA, IRPF, Sociedades y 12 tasas nuevas, entre otras cosas, cuesta creer a quienes dicen que el sector público no sabe gestionar, y que por eso debe contar con menos recursos cada vez. La deuda pública se acerca peligrosamente al 100% del PIB, un nivel impensable en las legislaturas anteriores, y el dinero del rescate a los bancos supone cerca del 3% de la riqueza generada por el país en un año.

En cuanto a las famosas subvenciones, cuando los actores protestan ante las medidas del Gobierno, siempre se saca a colación el comodín de las ayudas que recibe la industria cinematográfica. Por supuesto, el sistema de ayudas al cine es más que mejorable, pero no recuerdo a nadie mencionar que los festejos taurinos tienen subvención, o que el fútbol también cuenta con fondos públicos (no hay más que ver que la Generalitat Valenciana es el principal accionista del Valencia) y acuerdos especiales con los Ayuntamientos.

¿Y las libertades éticas y morales? La propuesta de reforma de la Ley del Aborto, eliminando el supuesto de malformación del feto, deja la legislación en una situación previa a la de 1985, esto es, casi tres décadas atrás. El Gobierno ha puesto en marcha el DeLorean y tiene más que claro si desea ir hacia delante o hacia atrás en el tiempo. Entre la propuesta antiabortista y el fallido recurso contra la ley del matrimonio homosexual, han decidido convertir los pecados para algunos en delitos para todos. Y es que parece que libertad equivale a obligación, para según qué cosas. Poder abortar no obliga a abortar. Tener una legislación más flexible en lo que a divorcios se refiere no supone que haya que divorciarse sólo porque es más fácil. Rozando el absurdo, el aborto tiene que ver con ETA, ha dicho el ministro del Interior, Fernández-Díaz en los últimos días.

Por otro lado, varios miembros del partido en el Gobierno han dejado caer que sería conveniente “retocar” las leyes que regulan el derecho a la huelga y la libertad de prensa, entre otras cosas. En política española los eufemismos han sido, y son, un clásico (recordemos la “senda de crecimiento negativo” de Rodríguez Zapatero), pero supongo que a nadie se le escapará que retocar se parece bastante a recortar. Limitar estos derechos, inquebrantables hasta ahora es el verdadero objetivo.

Así pues, ni liberalismo económico ni liberalismo ético. Dejando las ideologías a un lado, lo mínimo que puede pedirse a los gobernantes es coherencia, y eso, en España, es tarea harto complicada.

Jorge Andrés Concha Calle (@jgeandres)

El reciente anunció del gobierno peruano y del presidente Ollanta Humala sobre una posible compra de los activos de la petrolera española Repsol, ha alarmado -en gran medida- a los diferentes sectores políticos y económicos por un posible revés en la política económica del país andino.

Hubo en la historia del Perú un presidente que a punta de medidas populares, pero no por ello correctas, llevó a cabo un proceso de estatización de muchas empresas claves en sectores económicos importantes, con lo cual revolucionó –en gran forma- la concepción económica del país poniendo todo en manos del Estado, su nombre: Juan Velasco Alvarado.

Así también sucedió que un presidente vecino, de una patria vecina, con medidas multitudinarias y proclamando aversión a los cuatro vientos contra el capitalismo americano, concentró bajo su poder instituciones y entidades financieras claves en el desarrollo de aquel país, su nombre: Hugo Chávez.

Y es que el reciente anuncio por parte del Estado peruano de sus intenciones para hacerse cargo de los activos de la petrolera Repsol en la última reunión del Foro Económico Mundial para América Latina, ha provocado reminiscencias setenteras y chavistas. El presidente peruano, Ollanta Humala fue claro: “El Perú, como la mayor parte de países de América Latina, vivió las influencias de las diferentes corrientes mundiales en torno al desarrollo. Es así que, de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década del 70, pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado a su mínima expresión” atinó a expresar el mandatario.

Reacciones

El anuncio de Humala Tasso despertó la alarma en la oposición y los principales representantes del sector empresarial. Fue, sin duda alguna, el detonante para que muchos opositores catalogaran con firmeza que el presidente ha virado hacia sus raíces ideológicas primitivas. Y es que recordando al Humala Tasso de la campaña presidencial del 2006, encontramos a una persona que expresaba incondicional apoyo al ex presidente venezolano Hugo Chávez y declaraba, enfáticamente, su rechazo contra la política económica capitalista impulsada por los Estados Unidos.

Si bien el presidente Humala moderó significativamente su discurso una vez llegado a la presidencia y configuró una línea de gobierno congruente con las gestiones presidenciales precedentes, su última declaración respecto al tema de un posible intervencionismo estatal en la compra de Repsol, ha sido causa para el despertar de nuevos miedos en los principales agentes económicos del país.

César Peñaranda, director de la Cámara de Comercio de Lima, consideró que una posible compra por parte del Estado, afectaría en gran medida la confianza para con inversionistas internacionales. “El gobierno debe dar un mensaje claro y coherente, declaraciones como las del Primer Ministro y del ministro de Economía generan preocupación en el mercado” detalló.

En la misma línea de opinión, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privada (Confiep) Alfonso García Miró reprendió al mandatario por sus intenciones, argumentando que este es el punto de inflexión para un giro en la política del estado peruano. “Me queda claro que este será el comienzo de la transformación del Perú con un Estado avasallador, prepotente, autoritario, como en Cuba, Bolivia, Venezuela y Argentina” arguyó el representante del empresariado en el Perú.

Alberto Cañas de Pablos (@AlbertoCdP)

“Vista la foto del Metropolitan de Nueva York, donde las dos mocitas fueron de gañote en el avión oficial de papá, ahora comprendo a ZP. Ahora me explico que no quiera enseñar a sus niñas. Si yo fuera padre de esas dos criaturitas no las enseñaba por nada del mundo. Tapaditas en La Moncloa están más guapas. (…) Que las niñas de Zetaparo (sic) eran dos callos horrorosos lo sabían los más íntimos en La Moncloa, pero ahora se ha enterado España entera. Son de salir corriendo. (…) ¡Qué ofensa para el arte gótico, llamar góticos a esos adefesios con botas de la Brigada Paracaidista en Sidi-Ifni y muñequeras de levantador de pesos de Galisport! Por el volumen de su bulto redondo, así achaparrado, más que góticas me parecen románicas. (…) Yo les diría algo más fuerte, pero como son menores, me callo”. Menos mal que no pensaba decir nada fuerte. Estas palabras son de Antonio Burgos, en el ABC de Sevilla, el 26 de septiembre de 2009, a raíz de la famosa foto de la familia del anterior Presidente de Gobierno con el matrimonio Obama, cuya retirada pidió Zapatero a la Casa Blanca.

Ahora que, con la aprobación en solitario por parte del PP de la nueva normativa relativa a los desahucios, el debate sobre la legalidad y legitimidad de los escraches ha bajado varios tonos, quizá sea el momento de preguntarse con más calma por el papel que deben jugar los hijos de los cargos electos en el juego político. Lo más ideal es que sea ninguno. Ellos no tienen ninguna culpa de la elección que han hecho sus progenitores.
Personajes como Esteban González Pons han hecho comentarios constantes en defensa de la privacidad de sus hijos frente a los escraches ocurridos delante de su residencia. Sin embargo, con respecto a la presencia pública de los hijos de los políticos, hemos visto comportamientos en los dos extremos: desde la actitud de Soraya de Sáenz de Santamaría, defendiendo con toda la razón su privacidad y los derechos de su progenie, hasta la pseudoboda de Estado (con los Reyes y más de un jefe de Gobierno allí presentes) que celebró Ana Aznar en El Escorial en 2002.

¿Hasta dónde se puede llegar con su papel mediático? La verdad es que deberían ser apartados de cualquier acción de tipo político, y con ello me refiero a mítines, campañas, fotografías, artículos periodísticos, etcétera. Y es que el artículo de Antonio Burgos es un escrache periodístico en toda regla. Un ataque y acoso personal que permanecerá ahí para siempre, señalando a las hijas de Zapatero por ser como son (y también por ser hijas de Zapatero, si uno analiza la fuente). Usa el deseo del expresidente de preservar su intimidad para atacarlas de forma descarnada por su apariencia. También fueron mencionadas por María Dolores de Cospedal en su crítica a la legislación socialista sobre el aborto.

Uno no es padre, pero más allá de las ideologías y del lodazal que es la España de los políticos y sus medios de comunicación, es lógico pensar que a nadie le gusta que sus hijos sean utilizados como arma arrojadiza en el debate político perennemente estéril de este santo país. Nadie, insisto, nadie debe usar a los hijos de los cargos para atacar al contrario y obtener una ventaja política del mayor de los rastrerismos, pues, por muy pública que sea su vida pública, su vida privada debe seguir siendo eso, privada.

Bárbara López Castro (@lopebar)

Los atentados ocurridos en la capital de Massachusetts, han ocupado los noticiarios durante varios días. Tal es así, que el terremoto en Irán que ha dejado 45 muertos, ha pasado casi desapercibido, quizás porque algunos están muy acostumbrados a escuchar muertes en Oriente o bien porque se habla de EEUU, la potencia mundial que se enorgullece de su seguridad y que sufrió el gran atentado de las torres gemelas, lo que verdaderamente conmocionó a la mayoría del mundo occidental.

En cualquier caso, no hay duda de que la muerte de tres personas y ciento setenta y seis heridos ha tenido en vilo y expectación a numerosas personas. Primeramente, porque no se conocía quién podía haber cometido tales atentados, lo que llevó a una colaboración ciudadana impresionante, en la que se entregaron multitud de fotos con la intención de destapar quién o quiénes podían haber provocado tal altercado, en el que por desgracia falleció un niño de tan solo ocho años.

La historia se complica al localizar a los presuntos terroristas. Tras un despliegue policial enorme, en el que Boston queda paralizado por el toque de queda, sin taxis, sin universidades, sin tiendas o sin metro, uno de los sospechosos es tiroteado y muere en el hospital, el otro huye, pero es capturado finalmente por la policía tras el aviso de uno de los ciudadanos de Boston.

La cuestión es ¿Qué viene después de esto? Según informaciones, estos dos individuos nacieron en Chechenia, donde la mayor parte de la población o es musulmana o bien ortodoxa, por lo que no es anormal que sigan la primera de estas. La cuestión es que sabiendo lo acontecido hace más de diez años el 11 de Septiembre y conociendo la amenaza todavía existente de grupos islamistas, se barajará la posibilidad de que haya sido una atentado perpetrado por cuestiones religiosas y no tan religiosas.

Ahora bien, esta no es la única posibilidad y más observando otros hechos ocurridos en estos pasados días, como fue la carta con veneno, enviada al presidente de los EEUU, Barack Obama, por Paul Kevin Curtis quien habla de artimañas por parte del Gobierno para hundir su carrera. Por tanto, no es descartable que haya sido una atentado realizado por otras causas.

De lo que no se puede dudar, es que la seguridad de la que se hace gala EEUU ha sido flanqueada una vez más, lo que ha provocado a la sociedad estadounidense, aquella que puede comprar armas y utilizarlas con pocos requisitos, una situación de inseguridad a la que Obama deberá hacer frente en estos días tan complicados para este país.

Jorge Andrés Concha (@jgeandres). – Lima

La lucha por el poder parece haber quedado zanjada con el triunfo estrecho del oficialista Nicolás Maduro, pero, ¿es acaso realmente el sucesor de Chávez el ganador tras la elección en las urnas?

Nunca antes la torta estuvo más dividida. Los estruendosos bombos y platillos con los que el chavismo celebró su victoria ante Henrique Capriles, acaso su mayor adversario en todo su legado, solo constituyeron el telón más falsete que jamás podrían haber improvisado. Más que una victoria contundente y sin atenuantes, los hechos en concreto significaron la fragmentación más fuerte y muestra más concluyente de que el chavismo, y el modelo socialista bolivariano, está en desprestigio y cuesta abajo. ¿Qué fue lo que pasó?

Los resultados de las votaciones presidenciales del 14 de abril dados a conocer por Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) se dieron con algo de retraso, lo que sin duda generó algunas suspicacias. Si en octubre pasado, aún con Chávez a la cabeza, había quedado claro que el modelo no era del agrado absoluto de los venezolanos, el 14 de abril pasado la evidencia se hizo más notoria, ya que la diferencia entre ambos mandos fue tan escasa que no superó los 300 mil votos.

¿Y dónde está la suspicacia? En el inicio de la lucha electoral entre Capriles y Maduro la ventaja del por entonces presidente interino era abrumadora. Distintas encuestadoras como Dataanálisis y la firma Hinterlaces daban entre 15 y 20 puntos de ventaja al chavista respecto al gobernador de Miranda. Conforme el proceso avanzaba y los líderes jugaban sus cartas, cartas que por cierto fueron mal empleadas por Maduro (basta recordar su alusión a que el difunto Hugo Chávez se le apareció en forma de un “pajarito chiquitico”), la diferencia se iba acortando a favor de Capriles Radonsky. Días antes de los comicios ya se hablaba de una votación muy cerrada, que se definiría por décimas. Solo una encuestadora, Datamática, ofrecía un panorama sumamente optimista para el opositor Capriles; según la firma, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática se alzaría con el triunfo con una ventaja holgada sobre Maduro. El resto de encuestadores, mantenían firme su vaticinio de una elección ajustadísima.

En primera instancia, el CNE sostuvo que los primeros resultados comenzarían a darse tres horas después de cerrados los centros de votación. Lo curioso es que no solamente pasado ese tiempo no se dio ningún avance sobre la resolución del escrutinio, sino que Capriles Radonsky arguyó, por medio de su cuenta de Twitter, que desde el gobierno se estaba armando un plan para darle vuelta a los resultados del CNE y de esa manera impedir, lo que desde su punto de vista, era una incuestionable victoria suya y de su mando. Los rumores y primeras quejas de una violación del proceso se abrían paso y con esto la posibilidad de un desconocimiento de los resultados oficiales, los mismos que con retraso fueron dados y catapultaron a Maduro como ganador del proceso.

La reacción

Sin lugar a dudas, para la oposición este ha sido y sigue siendo el peor atropello contra la democracia en el país. Los resultados dados por Lucena otorgaban el 50,7% de los votos a Nicolás Maduro y el 49,1% al candidato opositor Henrique Capriles. Inmediatamente, tras conocerse ello, Capriles exigió, de manera tajante y enérgica, un recuento de los votos, expresando a su vez que, de juramentar y proclamar como ganador a Maduro, este se convertiría en presidente ilegítimo de Venezuela; denominación esta última que Maduro deploró y atribuyó como comportamiento de mal perdedor de su ex contendiente. A la queja de Capriles se sumaron instituciones como la OEA y el gobierno estadounidense quienes respaldaron esta solicitud, argumentando que esta acción validaría de manera democrática la ratificación o no de Maduro como ganador. La OEA terminaría después desestimando su inicial posición para decidir finalmente otorgarle el respaldo a Maduro.

Hoy, días después de las votaciones, Capriles y media Venezuela reclaman a viva voz la verificación de cada voto exigiendo transparencia y respeto a la democracia y el estado de derecho. Las continuas manifestaciones dadas en Caracas y otras ciudades del país han cobrado hasta el momento la vida de 8 personas. Maduro, como presidente “legítimo”, ha expresado su total repudio a estas acciones sediciosas y ha amenazado con “radicalizar” la revolución a fin de evitar más situaciones de desorden como las ya vividas.

¿Un ganador?

Nadie, ni el mismo Maduro, puede argumentar y enarbolar como contundente su victoria, porque observada desde cualquier punto de vista no es así. Si bien los números indican una cosa, la realidad y percepción expresan otra. El Chavismo ha estado en el poder desde 1999. Han pasado 14 años, en los que si bien el gobierno bolivariano ha logrado mayor inclusión y participación social, lo ha hecho en desmedro de su economía con un sistemático deterioro de su situación financiera. El panorama no puedo ser menos alentador que el expresado últimamente por el FMI. El organismo supranacional ha estimado un crecimiento superior a 4% para todos los países andinos, excepto de Venezuela. En su informe “Perspectivas Económicas Globales” la entidad estima un crecimiento de 0,1% en 2013 para el país llanero, muy lejos de los pronosticado como otros países como Perú que crecerá en un orden de 6,3%.

La situación, claramente, no es nada favorable para la aún Venezuela de Chávez. Es válido preguntarse, ¿sabrá Maduro en qué se ha metido? ¿Es consciente que el modelo socialista vigente no ha sido más que un factor de empobrecimiento para Venezuela? De ser positiva la respuesta, habrá que esperar que la muy pobre renovada confianza recibida por Maduro dé cuanto antes buenos frutos; sino, sabe Dios quién podrá otorgarles a los venezolanos la esperanza de un futuro próspero y diferente. ¡Y no me diga que será un pajarito chiquitico por favor Señor Maduro!

Adrián Bujalance

Demasiada corrupción, demasiados desahucios y demasiada pantalla de plasma en la que comparecer son solo algunos de los detonantes que han provocado que el maquiavélico silogismo “el fin justifica los medios” recobre fuerza en nuestro espacio público, adoptando la forma de los llamados “escraches”.

¿Pero a qué nos estamos refiriendo con dicho término?

La palabra escrache, como se ha ido comentando durante las últimas semanas, tiene su origen en Argentina, más concretamente, en las acciones impulsadas por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).

Escrachar o señalar significa llanamente poner en evidencia de manera pacífica a determinadas personas persiguiendo unos fines muy concretos.

Ahora lo cierto es que dejando a un lado las diferencias entre los escraches “a la española” y los argentinos, la problemática del asunto la encontramos en la legitimidad y la legalidad de estas acciones. Y es que, si analizamos los argumentos esgrimidos por los principales partidos de nuestro país, observaremos como las palabras intimidación, coacción o acoso se repiten de una manera continuada. Palabras que, de ir respaldadas por imágenes tan escalofriantes como las que se viven en cada uno de los desahucios que se producen en España, deberían hacernos reflexionar sobre las formas de acción política que se practican en nuestro Estado. Pero no lo están.

Las imágenes que ofrecen los medios únicamente nos han mostrado a unos cientos de ciudadanos haciendo oír sus posturas, en relación con la dación en pago, en la puerta del político de turno. De ahí, a que los escraches sean violentos o antidemocráticos hay un largo camino. Si bien, nada gusta más en nuestro país que llenarnos la boca con la palabra legalidad. Todo aquello que puede llegar atentar contra nuestros intereses de manera automática pasa a ser ilegal de una manera u otra. Nuestros políticos se han convertido en intérpretes de unas leyes que analizan a su antojo y deseo mientras la insumisión ciudadana se considera filoterrorista.

Es cierto que el escrache puede llegar a atentar contra los derechos de los familiares y vecinos de los “representantes”, pero la situación económica en la que nos encontramos debería obligarnos a realizar un juicio de proporcionalidad entre lo que nos exigen y lo que nos dan.
Una democracia en la que el voto se encuentra monopolizado debido a un sistema electoral con lacras constitucionales, en la que las listas cerradas provocan una deriva en la asunción de responsabilidad de los políticos, respondiendo antes frente a su partido que frente sus electores; y en la que las iniciativas legislativas populares pueden ser tiradas atrás en un mero trámite ante la comisión, no hace sino provocar que la acción política se salga de los cauces convencionales para adoptar formas nuevas o reinventar las existentes.

Mientras que se haga oídos sordos a las quejas de la ciudadanía al amparo del escudo de la mayoría absoluta, los escraches aumentarán su legitimidad haciendo frente a toda descalificación que se ponga por delante.